La fiscal general de Nueva York, Barbara D. Underwood, se unió este martes a una coalición de 21 fiscales generales pidiendo al secretario de justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, poner fin a los “ataques crueles e ilegales de la administración Trump” contra niños y familias que buscan legalmente asilo en los Estados Unidos, mientras buscan protección contra violencia doméstica, sexual y de pandillas.
En las últimas semanas, el gobierno federal ha separado a miles de niños solicitantes de asilo de sus padres, y reclasificado el estado de protección de los sobrevivientes de violencia doméstica internacional.
En una carta a Sessions, la coalición de fiscales generales estatales exigió que la administración deje de poner a los niños en peligro al separarlos de sus familias.
“La administración de Trump está alejando a los niños de sus padres solo para promover una agenda política draconiana. Esto no solo es inhumano y totalmente irrazonable, sino que también socava nuestra seguridad pública”, dijo la fiscal general Underwood.
“Esto no es lo que somos como país, y nuestra coalición de Fiscales Generales continuará actuando para proteger a las personas a las que servimos y el estado de derecho”, expresó.
Los fiscales generales escriben: “En pocas palabras, la separación deliberada de los niños y sus padres que buscan asilo legal en los Estados Unidos está mal. Esta práctica es contraria a los valores estadounidenses y debe ser detenida. Exigimos que revoque de inmediato estas políticas perjudiciales en el mejor interés de los niños y las familias afectadas”.
La carta continúa: “Estas prácticas interfieren directamente con los esfuerzos de nuestras oficinas y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a nivel local, nacional e internacional, para prevenir y procesar el delito. En la mayoría de los estados, los Fiscales Generales son responsables de hacer cumplir las leyes que incluyen el tráfico de personas, el tráfico de drogas y los delitos de violencia de pandillas. Como usted muy bien sabe, estas cuestiones raramente son locales en su contexto, sino que requieren el esfuerzo y la colaboración de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a través de las fronteras estatales e internacionales para evitar la perpetración generalizada y sindicada de estos crímenes”.
